Published On: Mar, Dic 13th, 2016

Progresividad o barbarie. Las Rozas ante el fin del maná del Impuesto de Plusvalías

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Gonzalo Sanchez Toscano es concejal portavoz de Contigo por Las Rozas y militante de Izquierda Unida

El último Pleno de Las Rozas, celebrado el pasado 24 de noviembre, abordó, como cada tres meses, el debate sobre la ejecución presupuestaria, en este caso referida al tercer trimestre de 2016. Por primera vez, todos los grupos, incluido el Gobierno del Partido Popular, admitieron la innegable amenaza que sobrevuela desde hace tiempo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Las Rozas: El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como “Impuesto de Plusvalías”, ya no está en condiciones de sostener como en los últimos años los ingresos del Ayuntamiento. Este nuevo escenario nos obliga a los distintos grupos municipales a plantear nuestras alternativas para posicionarnos en una cuestión que muy probablemente presidirá los debates presupuestarios de los próximos años: El debate de qué modelo fiscal y presupuestario queremos para nuestra ciudad.

Los datos de los últimos años nos demuestran que la sobrerrecaudación del Impuesto de Plusvalías ha sido, casi en solitario, el maná que ha permitido a este Ayuntamiento presumir de superávit y tener capacidad para financiar las inversiones y obras que ha venido haciendo. Tomando como ejemplo el año 2015, el Ayuntamiento de Las Rozas terminó ingresando a través del IIVTNU 24,03 millones de euros cuando había previsto 11 millones, es decir, tuvo una sobrerrecaudación de 13 millones de euros, prácticamente coincidente con el ahorro neto (“superávit”) del mismo año (13,32 millones de euros).

Ha sido ese superávit el que ha permitido, aunque fuera en la segunda mitad del año y sin garantías de que se hagan realidad, la financiación de inversiones (“obras”) por parte del Ayuntamiento en 2016, desde aquellas necesarias en las que las cantidades presupuestadas resultan insuficientes (ampliación de aceras, movilidad peatonal, mejora del centro urbano…) a aquellas más cuestionables como ajardinamiento de rotondas y otras actuaciones ornamentales. En todo caso, es obvio que este Ayuntamiento necesita presupuesto para acometer inversiones y, lejos de las obras faraónicas de otros tiempos, mejorar los barrios más antiguos de Las Rozas (Centro, Las Matas, La Marazuela…), obras cuya financiación resulta cada vez más difícil y para las que la sobrerrecaudación del Impuesto de Plusvalías había quedado como último recurso antes de caer en la paralización completa de la inversión.

A 30 de septiembre de 2016, la recaudación del Impuesto de Plusvalías no llegaba a los 14 millones, lo que hace muy difícil siquiera acercarse a los 24 del año anterior, a lo que hay que restar también la inferior recaudación del IBI tras la populista bajada a todos los inmuebles, independientemente de su valor catastral, uso y situación económica, con la que el Alcalde José de la Uz inauguró su meteórica carrera hacia el hueco autobombo personalista en septiembre de 2015. La cuestión es que, como llevamos avisando desde el principio de la legislatura, el excepcional comportamiento del IIVTNU en 2014 y 2015 respondía a una situación coyuntural, la salida al mercado de grandes productos inmobiliarios “atascados” desde el principio de la crisis, un ciclo que ya se está agotando. A ello, hay que sumar la cuestionable “justicia” de la recaudación de este impuesto en las transacciones en las que no existe “plusvalía”, que se está traduciendo en la proliferación de sentencias obligando a los Ayuntamientos, incluido el de Las Rozas, a devolver a los ciudadanos la recaudación de este impuesto, generando así una jurisprudencia de impredecibles consecuencias a medio y largo plazo sobre la recaudación que este impuesto pueda generar en un Ayuntamiento como el de Las Rozas.

Ante este nuevo escenario, las opciones son básicamente aumentar ingresos, reducir gastos o pedir préstamos. En estas coordenadas se movió el debate presupuestario del pasado día 24, en el que los grupos de Contigo por Las Rozas, Ciudadanos y el PP pusimos encima de la mesa modelos antagónicos.

Nuestro modelo, coherente con la propuesta que presentamos como alegación a las ordenanzas fiscales de 2015, es la aplicación del principio constitucional de progresividad en los impuestos municipales, principalmente en el IBI, para que grandes empresas como Rozas Village, Bankia o la Federación de Fútbol paguen, simplemente, cantidades similares a las que pagarían en los nada “sospechosos” municipios vecinos de Majadahonda o Pozuelo, mientras se articula por abajo un “IBI social” que permita a los vecinos con dificultades pagar menos o no pagar. Las grandes empresas pagan IBI en Las Rozas con un tipo del 0,461% o incluso del 0,40%, mientras en Majadahonda estarían pagando con el 0,75%, en Collado Villalba con el 0,95% y en Pozuelo con el 0,99%, todos ellos municipios gobernados por el PP. Nuestra propuesta es que los 153 inmuebles con un valor catastral superior a 1 millón de euros (0,26% del total), excluyendo el uso residencial, es decir, sólo las muy grandes empresas, paguen IBI con un tipo del 0,85%. Sólo con esta medida se podrían ingresar de forma sostenible y sin estar sujetos a fluctuaciones del mercado inmobiliario cerca de 4 millones de euros anuales.

Ciudadanos volvió a recordarnos el día 24 que su modelo no tiene nada que ver con el nuestro, y que abogan por “no aumentar ingresos, sino reducir gastos”. Estas palabras, en boca de un grupo que en un año y medio no ha mostrado la más mínima preocupación por el raquítico gasto social del Ayuntamiento y ha votado en contra de las principales propuestas sociales de Contigo por Las Rozas, entre ellas el “IBI social” o los descuentos en los precios públicos en función de la renta, nos hacen presagiar que Ciudadanos, devoto de los mantras económicos de la derecha, prefiere los recortes a una mínima progresividad fiscal. Todo ello soslayando que sus propias propuestas estrella de la legislatura, algunas de las cuales compartimos, también cuestan un dinero que tiene que salir de algún sitio y, como es lógico y normal, suponen “aumentar gastos”.

Por su parte, el PP, sabedor quizá de que su gasto social es tan ínfimo que ni Margaret Thatcher rediviva sabría encontrar de dónde recortar ninguna cantidad significativa, se lanzó al ruedo del debate desvelando por primera vez su propuesta: Recurrir a préstamos bancarios. Llama en primer lugar la atención la elasticidad del discurso del PP sobre la deuda, a la que demonizan públicamente en sus discursos mediáticos, acompañados por Ciudadanos, pero a la que a  la vez recurren en todas las administraciones que gobiernan, incluso cuando, como en este caso, no hace falta. Partiendo de la base de que la deuda es un instrumento más, que se puede usar bien o mal, y que resulta más o menos necesario para las distintas administraciones en función de sus posibilidades para atender las necesidades más perentorias de la población, y de que el nivel de endeudamiento actual del Ayuntamiento de Las Rozas no es preocupante, lo cierto es que en este caso es un recurso para eludir tomar cualquier decisión política de un mínimo calado. Ante un problema estructural, el PP quiere recurrir a una solución coyuntural, simplemente inyectar unos millones y seguir dándole a la manivela para que el alcalde José de la Uz pueda seguir hasta 2019 sonriendo en las fotos sin necesidad de tomar decisión política alguna.

Así, en el debate del día 24 nos encontramos con tres propuestas distintas, poco conciliables entre sí y, a la espera de un posicionamiento más concreto por parte de PSOE y UPyD, ninguna de las tres parece contar con una mayoría absoluta en el Pleno. Toca, pues, un debate político que probablemente se extenderá durante el resto de la legislatura. Desde el PP y Ciudadanos, este debate se está afrontando defendiendo cualquier cosa, por irrealizable o innecesaria que sea, que les permita seguir negando frívolamente la obviedad de que en Las Rozas, como en cualquier sitio, hay diferencias de rentas, hay ricos y hay pobres, y que la base de cualquier sistema fiscal y de la sostenibilidad de cualquier sociedad, es una fiscalidad progresiva en la que los ricos aporten más y los pobres, menos. En lugar de asumir con un mínimo de responsabilidad este principio que está en la propia Constitución, los dos principales grupos políticos de Las Rozas prefieren recurrir al populismo de “bajar impuestos” a todos, a todos, por supuesto, menos a quienes tengan dificultades para pagarlos, en una especie de solidaridad inversa que les hace defender impuestos bajos para la Real Federación Española de Fútbol y rechazar enérgicamente cualquier propuesta de IBI social. Desde la tercera fuerza política, Contigo por Las Rozas, seguiremos defendiendo, simplemente, una política fiscal solidaria y justa.

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