Published On: jue, Mar 1st, 2018

Izquierda Unida y Somos Majadahonda reclaman una atención temprana de calidad para todas las niñas y niños que lo necesitan en la Comunidad de Madrid

Juancho Santana es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Majadahonda

En el reciente Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, se ha aprobado una moción de Izquierda Unida y Somos Majadahonda (a instancias de la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional), con el voto favorable de todos los grupos excepto el PP, para instar a la Comunidad de Madrid a que ponga los recursos necesarios para prestar una atención temprana de calidad a los niños/as que la necesitan; para que resuelva el problema de las listas de espera tanto en lo que se refiere a la valoración y dictamen de la necesidad como a la obtención de una plaza en los centros de atención temprana; para que  garantice a los niños/as con diversidad funcional su inclusión en el ámbito educativo y la accesibilidad a los equipamientos deportivos, culturales y de ocio; y para que se establezcan controles de calidad especialmente en la red de centros de atención temprana concertados haciéndolos públicos y accesibles a todos los colectivos implicados.

La atención temprana es el conjunto de intervenciones de índole sanitaria, educativa y de servicios sociales que tienen por objeto dar una respuesta rápida a las necesidades permanentes o transitorias que presentan los menores de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos y que de no ser atendidos adecuadamente pueden derivar en una discapacidad. Extrapolando los datos del Instituto Nacional de Estadística se estima que en la Comunidad de Madrid existen más de 33.000 niños/as de esas edades consideradas como población potencialmente susceptible de atención temprana.

El derecho a la atención temprana se recoge en distintas convenciones internacionales firmadas por España que hablan de “garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño” o de la “pronta detección e intervención de los servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades”. Por su parte, la ley 39/2016 habla de “facilitar atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales” a los menores de tres años de edad en situación de dependencia. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no reconoce como derecho subjetivo el acceso a la atención temprana, pues en el decreto 46/2015, la resolución por la que se reconoce esa necesidad no supone un derecho a obtener una plaza pública de tratamiento de atención temprana sino sólo es un requisito para optar a la misma, ya que la adjudicación de la plaza dependerá de las vacantes que haya en cada momento.

Los recursos que tiene la Comunidad de Madrid,  especialmente los centros de atención temprana y desarrollo infantil, son claramente insuficientes y así se reconoce en las comunicaciones con las familias “debido a la mayor detección en los últimos años, la demanda de atención temprana es superior a la posibilidad de atención inmediata”.

Los tiempos de espera en el centro que valora la necesidad de atención temprana (CRECOVI) no son inferiores a 3-4 meses y en las sólo 3340 plazas que tiene concertadas la Comunidad de Madrid, los plazos de acceso (para quien lo logra) puede llegar a veces hasta el año y medio. Esto tiene como consecuencia que las familias, cuando tienen recursos para afrontar la situación, acudan a especialistas privados para el  tratamiento de sus hijas/os, con el importante desembolso que todo ello genera, y los que no tienen esos recursos se quedan sin tratamiento; de cada 10 niños/as sólo 3 reciben tratamiento en los centros públicos; los 7 restantes son atendidos en los centros privados o no reciben tratamiento alguno.

El pasado 18 de enero la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional presentó 35.000 firmas en el Pleno de la Asamblea de Madrid reclamando la atención temprana para los niños y niñas de nuestra Comunidad e incluso el Defensor del Pueblo también ha pedido recientemente al Gobierno que aumente los recursos para esa atención.

“Nos sumamos a estas reivindicaciones, es intolerable que la atención de los niños y niñas acabe dependiendo de que sus familias puedan hacer un enorme esfuerzo económico para costearse tratamientos privados que alcanzan los 700 euros mensuales de media. Además, hay que reivindicar que el reconocimiento de los derechos y recursos necesarios deben llegar a todas las niñas y niños hasta que se les pueda considerar adultos, ya que cuando se cumplen los 6 años, por desgracia, no desaparecen las necesidades. Mientras el PP presume de apoyar a las familias, sigue dejando tiradas a la mayoría de ellas”.(Juancho Santana, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Majadahonda).

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